Fecha: 02/04/2025
El agua es un recurso cada vez más escaso en México, y su extracción ilegal mediante pozos clandestinos se ha convertido en una problemática crítica que afecta a comunidades, industrias y al medio ambiente. En estados como Guanajuato, Querétaro y el Estado de México, la perforación de pozos sin permisos oficiales ha llevado a una sobreexplotación de los acuíferos, dejando a muchas comunidades sin acceso suficiente al agua potable. Este fenómeno no solo agrava la crisis hídrica, sino que también genera conflictos sociales y pone en riesgo la sostenibilidad del recurso.
Los pozos clandestinos son perforados sin estudios previos ni regulaciones, lo que significa que extraen agua de manera descontrolada y sin considerar la capacidad de recarga de los acuíferos. Esto ha llevado a un descenso alarmante en los niveles freáticos, lo que a su vez provoca hundimientos del suelo y la contaminación del agua por la intrusión de minerales dañinos, como arsénico y fluoruro. Además, en algunos casos, estos pozos están conectados ilegalmente a redes de distribución, afectando el suministro de agua en ciudades y comunidades rurales.
El impacto económico de esta práctica también es considerable. Según datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), México pierde millones de metros cúbicos de agua cada año debido a extracciones ilegales, lo que representa un golpe para la infraestructura hídrica del país. Empresas agrícolas y grandes industrias que operan sin permisos de extracción han sido señaladas como responsables de la disminución de reservas subterráneas, mientras que los pequeños productores y habitantes de zonas rurales son quienes sufren las consecuencias.
Para combatir este problema, el gobierno y diversas organizaciones han implementado medidas más estrictas, como la geolocalización de pozos clandestinos mediante tecnología satelital y operativos de clausura en zonas críticas. Sin embargo, la corrupción y la falta de vigilancia han dificultado la erradicación total del problema. Se han propuesto iniciativas que incluyen sanciones más severas para quienes operen pozos ilegales, así como incentivos para la adopción de tecnologías más eficientes en el uso del agua en el sector agrícola e industrial.
El robo de agua mediante pozos clandestinos es una crisis silenciosa que sigue afectando el equilibrio hídrico del país. Si no se toman acciones contundentes, México enfrentará una crisis de agua aún más grave en los próximos años. Es necesario fortalecer la regulación, mejorar los sistemas de monitoreo y fomentar una cultura de uso responsable del agua para garantizar que este recurso vital esté disponible para las futuras generaciones.
