Fecha: 23/05/2025
El tratado de aguas firmado en 1944 entre México y Estados Unidos sigue siendo un tema de relevancia en la gestión del agua, especialmente en regiones del norte del país. Aunque se firmó hace más de 80 años, sus efectos aún condicionan el uso, distribución y planeación de recursos hídricos en estados como Chihuahua, Sonora, Coahuila y Tamaulipas.
Este acuerdo establece compromisos bilaterales sobre el uso de ríos compartidos, como el Bravo y el Colorado. Para cumplir con lo estipulado, México debe garantizar el envío periódico de ciertos volúmenes de agua al país vecino, lo que limita la disponibilidad para consumo local, sobre todo en periodos de sequía prolongada. Esto impacta directamente en proyectos de perforación, ya que eleva la presión sobre los acuíferos internos.
La extracción descontrolada de agua subterránea puede generar conflictos con los criterios de cumplimiento del tratado, razón por la cual las autoridades han endurecido los mecanismos de regulación y monitoreo. Las concesiones para nuevos pozos se analizan con mayor rigurosidad y requieren sustento técnico detallado que justifique la viabilidad del proyecto.
Empresas que operan en el sector hidráulico deben estar plenamente familiarizadas con estas condiciones legales, ya que una mala planeación puede derivar en sanciones o revocación de permisos. Además, en contextos donde el uso agrícola depende del agua subterránea, la relación entre legalidad y sostenibilidad es clave para la productividad de largo plazo.
Comprender la dimensión técnica y política del tratado permite anticiparse a limitaciones y diseñar proyectos de perforación que cumplan con la normativa, protejan el recurso y eviten conflictos legales. En regiones con presión internacional sobre el agua, la especialización ya no es una opción, es una necesidad operativa.